Rollo: Ambrosio Gutiérrez Pérez
Hay un mecanismo que se llama de “protección a periodistas” que las autoridades federales, a través de la ahora Fiscalía General de la República, aplican para conservar la integridad física de quienes reciben amenazas por su trabajo, por lo que publican. En teoría.
Se puso de “moda” nuevamente debido a que hace unos días, en San Luis Río Colorado, Sonora, asesinaron al periodista Santiago Barroso. El sexto en lo que va del gobierno de López Obrador. Desde el 2006, cuando gobernaba el panista Felipe Calderón e inició la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, más de 140 comunicadores asesinados y al menos 25 desaparecidos. México y Siria son los dos países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó el asesinato de Santiago Barroso, lo condenó: “Es preocupante. Hay que fortalecer los mecanismos de garantía y protección del ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión”.
También dijo que “es necesario que las autoridades federales tengan una mayor coordinación con las estatales y las fiscalías locales que en todos los casos en lo que haya situación de riesgo para los periodistas, se superen… y puedan ejercer su labor en paz…”.
“Habrá cambios muy profundos al mecanismo de protección a periodistas, (donde) lo fundamental será que “es responsabilidad del Estado otorgar las garantías y protección a todos aquellos sujetos a este mecanismo”, agregó Encinas. Otra vez lo mismo.
Peña Nieto también se “preocupómucho” por los periodistas asesinados… en el discurso. Por ejemplo, tras el asesinato de Javier Valdez el 15 de mayo de 2017, que ahora se sabe supuestamente lo mandaron a matar los hijos de El Chapo Guzmán, Peña hizo un condena pública, dijo que instruyó a la entonces PGR para investigar el “indignante crimen”. Nada pasó.
En mayo del año pasado, a un año de ese asesinato de Valdez que particularmente causó indignación en el gremio, y tras la exigencia de periodistas que le gritaron “justicia, justicia, justicia” a Peña en un evento público, convocó a una reunión de urgencia con los gobernadores y autoridades judiciales para “fortalecer la fiscalía de combate a los delitos contra la libertad de expresión”.
Garantizó entonces, y nos mintió claro, “más personal y mejor capacitación, así como el establecimiento de mecanismo y un mayor diálogo con la sociedad civil y los periodistas”. Nada pasó.
Nada ha pasado tampoco durante los poco más de 100 días que lleva López Obrador en la Presidencia, nada a favor de los periodistas, pero sí seis asesinatos de los nuestros. Y como en los sexenios anteriores, las promesas y reivindicaciones con el ejercicio periodístico, con la libertad de expresión, están a la orden del día.
¿Ahora sí? Esperemos que sí. Está comprobado que nada o casi nada funciona de ese mecanismo de “protección a periodistas”. Debe repensarse claro, aunque la verdad es que la intolerancia, la agresión a los periodistas, la violación de la libertad de expresión, tienen su germen en la corrupción de los gobiernos, en sus ligas con el crimen, en la inoperancia de las policías y la justicia.
Nosotros sólo somos, hemos sido, la parte más delgada del hilo de la agitada vida nacional en las últimas décadas.
Rendijas
—Leemos y escuchamos quejas sobre el trabajo en los juzgados de control del I Distrito Judicial de Campeche. Que falla constantemente el sistema y las audiencias se difieren, en beneficio de alguna de las partes. Tenebrosa la situación.
—“Nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que ostento… Mis adversario políticos, los conservadores, creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía; vociferan que la propuesta de revocación de mandato encubre la intención de reelegirse en 2024… bastan seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república democrática”, señaló el presidente López Obrador al firmar este día su compromiso de no reelección.
