MÉRIDA, Yucatán.- El juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda fungió como abogado defensor de Arturo «N», empresario impulsor del Coliseo Yucatán y ex propietario de los Venados de Yucatán, pues decidió no vincularlo a proceso por el delito de abuso de confianza, alegando que se trataba de un asunto mercantil el haberse quedado con más de 117 millones de pesos de un grupo de inversionistas para escriturar unos predios en Quintana Roo.
Debido a lo anterior, los abogados de los agraviados han anunciado que recurrirán a la apelación de esta resolución y buscarán que el juez sea sancionado por el Tribunal Superior de Justicia, por medio del Consejo de la Judicatura, porque no descartan que se haya prestado a un arreglo económico con el incoado.
Cabe recodar que en días pasados, Arturo «N» fue imputado por el delito antes mencionado, pero al resolverse su situación jurídica, el juez dictó a su favor auto de no vinculación.
Ante esto, Bonilla Castañeda ordenó que queden sin efecto las medidas cautelares impuestas en la audiencia de imputación, las cuales eran firma periódica, vigilancia, así como no salir del Estado sin autorización judicial y depositar una garantía económica de 250 mil pesos.
Denunciado por inversionistas
El empresario fue denunciado por los inversionistas José Luis «N», Daniel Florentino «N» y Aurelio Ernesto «N», al igual que José Antonio «N», Manuel Tomás «N», Alfredo «N» y Guillermo Andrés «N».
Con motivo de la confianza que existía entre ellos, derivada de diversas operaciones comerciales de compra y venta de terrenos en las que intervinieron con anterioridad, los querellantes le entregaron la cantidad de 117 millones 810 mil pesos en calidad de depósito para que gestionara a su favor la escrituración de varios inmuebles, inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y en el catastro de Isla Mujeres.
Lo anterior quedó asentado en un documento el 24 de septiembre de 2013, firmado por el imputado y ratificado en todas sus partes por éste el 9 de diciembre de 2013 ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número Setenta del Estado.
En el documento se estableció que antes del 24 de enero de 2014, en rendición de cuentas por la cantidad entregada, quedaría escriturado a favor de los querellantes los inmuebles o les reembolsaría la totalidad del dinero, obligándose a no disponer de dichas cantidades para fines diversos a los pactados.
