Cumpliendo con los compromisos adquiridos durante la campaña, el gobernador Mauricio Vila Dosal firmó el Acuerdo de Austeridad del Gobierno del Estado de Yucatán 2018-2024 que contempla la implementación de nuevas medidas de austeridad que generarán ahorros por mil millones de pesos anuales, sin que ello represente que se afecte la prestación eficiente de los servicios para los yucatecos.
Al firmar dicho acuerdo en el Salón de la Historia de la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario señaló que estas disposiciones son el comienzo y base de una política de ser eficientes y responsables, por lo que instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) a aplicar dichas acciones.
Se contempla eliminar la prestación de vehículos de lujo para titulares de dependencias del gobierno estatal, por lo que serán devueltos las camionetas y vehículos con las que contaban y cuyo valor comercial es superior a los 900 mil pesos por unidad. Asimismo, se cancelará la renta de 500 vehículos, con lo cual se ahorrarán 60 millones de pesos que se invertirán en las necesidades del estado.
Se ahorrarán 40 millones de pesos en asesorías, consultorías y estudios de investigación no indispensables; 30 millones de pesos en combustible, equivalentes a 1.5 millones de litros, reduciendo la flota de vehículos estatal y siendo más eficientes en su uso; se darán de baja 400 vehículos por su antigüedad y condiciones, lo cual representa un ahorro de 25 millones de pesos.
Disminuirá el gasto programado para los siguientes conceptos: 10% en materiales útiles y equipos menores de oficina; 12% en materiales de limpieza; 12% en materiales y útiles menores de tecnologías de información; 10% en vestuario y uniformes; 15% en adquisición de mobiliario y equipo de administración; 12% en arrendamiento de bienes y servicios; 10% en mantenimiento vehicular y 10% en gastos de orden social y ceremonial.
Asimismo, desaparecerán la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de la Juventud (Sejuve), el Instituto de Museos e Historia de Yucatán (IHMY) y la Junta de Electrificación del Estado (Jedey) y el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción.
Se realizará un análisis profundo para identificar duplicidad de funciones o exceso de burocracia. Con esta medida se reducirá en un 20% el número de funcionarios públicos de confianza con lo que representa en gastos indirectos y en materia de servicios generales que surgen del ejercicio diario de sus labores.
