El delito de homicidio cometido por culpa le fue imputado al conductor J.A.C.E., por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras el percance vial ocurrido el pasado 15 de septiembre en la colonia Benito Juárez Norte, de Mérida, donde murió un repartidor de la plataforma DiDi Food.
Como informamos, sobre la calle 45 de la mencionada colonia, circulaba de oriente a poniente la camioneta Land Rover con placas YXS165E, pero al llegar al cruce con la 42 su guiador se pasó de largo la señal de alto, por lo que al atravesar la intersección embistió brutalmente al repartidor de la plataforma, quien viajaba con preferencia sobre la segunda vía a bordo de su moto.
Tras ser impactado, el motociclista salió despedido de su vehículo y cayó frente al porche de un predio, mientras su moto quedó debajo de la camioneta.
Según comentaron los vecinos que salieron por el fuerte ruido, el conductor de la camioneta en lugar de aceptar su responsabilidad culpaba al motociclista por atravesar rápido la intersección y según testigos, incluso lo insultaba.
Al lugar acudieron elementos policiacos de la SSP para abanderar la calle, mientras paramédicos de la misma corporación rápidamente atendieron al lesionado y lo trasladaron al hospital, donde finalmente falleció a consecuencia de un traumatismo torácico cerrado.
Denuncia contra guiador
Una vez presentada la querella se inició con la indagatoria y en la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, la autoridad judicial declaró la legalidad en la detención.
En tanto, los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y expusieron los datos de prueba de la causa penal 309/2022 para solicitar se resolviera la situación legal del acusado.
El acusado se acogió al plazo de 144 para definir su condición jurídica, por lo que la jueza de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo viernes 23 de septiembre.
Finalmente, antes de concluir la diligencia judicial, esta representación solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que la jueza Primero de Control, tras valorar los argumentos, estableció que el acusado deberá presentarse a firmar ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, pagar una garantía económica, tiene prohibido salir del Estado y estará bajo vigilancia del mismo Centro.
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