El juez segundo de control de Mérida, Luis Mugarte Guerrero, decretó la apertura a juicio a Martín Alberto M.S. y Juan Ramón H.M. por su participación en el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto.
En lo que se refiere al primer acusado, se desahogarán 165 pruebas en el juicio oral y en el segundo serán 161.
La prueba principal en contra de estos dos acusados es la declaración de otro de los implicados en este artero asesinato, Rogelio César Reyes Barrueta –quen tiene el criterio de oportunidad- señalado como el operador financiero para este crimen, ya que fue quien recibió los 70 mil pesos que presuntamente le fueron entregados por Martín Medina Sonda para llevar a cabo el atentado contra su esposa.
Esta persona está delicada de salud, por lo que previendo que pudiera fallecer antes de que inicie el juicio, los fiscales ofrecen un antiguo testimonio suyo como prueba anticipada, con la grabación de audio y video cuando declaró ante el juzgado segundo de control, el 25 de octubre de 2018, en la que relató cómo se planeó y se llevó a cabo a la ejecución de Emma Gabriela Molina Canto.
Por su parte, los asesores jurídicos de la víctima indirecta, Ligia Canto Lugo, presentaron 67 pruebas para la audiencia de reparación del daño.
Los cargos
Martín Alberto M. está acusado de feminicidio agravado y en caso de ser hallado culpable podría ser sentenciado hasta 50 años de prisión, y en su contra la Fiscalía ofreció 46 testimoniales, 16 dictámenes periciales, 70 pruebas documentales y 33 evidencias o elementos materiales.
Juán Ramón H.M. enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla y en su contra los fiscales ofrecieron 42 testimoniales, 15 periciales, 70 documentales y 34 elementos materiales.
Además los fiscales solicitaron como pago de la reparación del daño la cantidad de 2 millones, 46 mil 500 pesos, y 25 mil 758 pesos para gastos funerarios.
Sobre este asesinato hay otros dos implicados: los sicarios tabasqueños Jonathan Mézquita Avalos y Oscar Miguel López Tovilla, quienes ya cumplen sentencias por 46 a y 43 años de prisión, respectivamente.
