Redacción De Peso
MÉRIDA, Yuc.- Víctima de presunta corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado que le “inventó un fraude”, ahora Raúl Humberto Palma Morales enfrenta un proceso penal, pues el Ministerio Público no le dejó presentar las pruebas a su favor e incluso le guardó el expediente.
Cómo burlándose de la víctima, quien el 1 de agosto pidió el no ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público le notificó el día 14 pasado que no accedía a esa solicitud, debido a que el expediente ya estaba consignado a un juzgado penal.
Esto sucedió unos días después de que Raúl Palma Morales se había presentado –amparado- a rendir su declaración preparatoria ante el tribunal que lo requirió.
En entrevista con De Peso, la víctima denunció irregularidades graves de la Fiscalía del estado, pues en julio recibió una notificación de que compareciera ante el Ministerio Público, ya que tenía un expediente en su contra, por lo que acudió a pedir copias de la averiguación previa –porque es un expediente anterior a la entrada del sistema penal acusatorio, y se enteró de que la denuncia fue interpuesta el 6 marzo de 2014, señalando un supuesto fraude en 2012.
La denuncia fue interpuesta más de un mes antes de que el demandante firmara el desistimiento a Raúl Palma Morales ante el notario público Orlando Paredes Lara, el 30 de abril de 2014.
El 1 de agosto de este año, acudió al Ministerio Público a presentar un testigo, pero le indicaron que el expediente ya estaba en el departamento de consignaciones llamado averiguación temprana, por lo que de nueva cuenta le negaron ver la averiguación previa.
Insistió en que la declaración de ese testigo era relevante, pues esa persona en 2015 había firmado un desistimiento en el Juzgado Cuarto Mercantil, con sede en esta ciudad, pero el Ministerio Público no lo permitió.
Uno de sus argumentos es que de existir el delito de fraude, éste ya prescribió, pues la demanda mercantil comenzó en 2012 y, a pesar de que la sentencia fue favorable a Raúl Palma, la otra parte decidió denunciar penalmente en marzo de 2014, para lo que la FGE no debió aceptar, pues la ley solo otorga de plazo un año para interponer la querella, a partir de que el afectado se entere de que fue engañado.
Otro punto es que el demandante se desistió de la demanda mercantil y la sentencia fue a favor de Raúl Palma, donde incluso se desechó el incidente de falsedad de documento promovido por el demandante y se levantó el embargo a bienes del demandado.
La Fiscalía hizo caso omiso a ello, a pesar de que cuenta con copias de ese expediente civil.
Señaló que la demanda penal se presentó en 2014 y se quedó sin mover nada, hasta que luego de cuatro años, es decir, en junio de este año, los denunciantes la reactivaron y la integración se llevó de manera acelerada, y a pesar de que esta persona presentó las copias del desistimiento y solicitó ver el expediente no se lo permitieron, dejándolo en estado de indefensión.
El acusado solicitó el no ejercicio de la acción persecutoria y como la Fiscalía no le daba respuesta, tramitó un amparo por denegación de justicia, y fue cuando la Fiscalía le dijo que no podía acceder a esa petición, debido a que el expediente ya estaba turnado a un juzgado penal del sistema tradicional.
La notificación fue el día 14 pasado, cuando Raúl Palma incluso ya había rendido su declaración preparatoria ante el juez Luis Felipe Santana Sandoval.