Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- A más de 22 millones de pesos asciende el monto de lo defraudado por los ahora detenidos y ex directivos de «Crecicuentas» y/o «Hagamos Más», Lina Rubí de Guadalupe López Conrado y su esposo Miguel Angel Argáez Ordaz, al igual que hijos Claudia Rubí y Lourdes Argáez López, que son los “peces chicos” de esta fraudulenta familia.
Los principales defraudadores, Jorge Alberto y Miguel Angel Argáez López, están en calidad de prófugos.
El voluminoso expediente que se encuentra radicado en el juzgado primero penal del sistema tradicional, a cargo de la juez Rubí Guadalupe González Alpuche, es por una denuncia colectiva que interpusieron 67 personas.
Los Argáez fueron detenidos desde el viernes y sábado, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Después de la lectura de los hechos, todos se reservaron el derecho a declarar.
Este expediente es uno de los tantos que la ex fiscal Celia Rivas Gutiérrez mandó a la Procuraduría General de la República porque supuestamente no era del fuero común y quedó por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Sin embargo, luego que los afectados interpusieron los amparos correspondientes y un juez federal les diera la razón, dicho expediente regresó al fuero común.
En el sistema antiguo, el delito de fraude no necesariamente se castiga con pena de cárcel, pero a diferencia con el Nuevo Sistema, se tiene que garantizar el monto de lo reclamado con algún dinero o bien material en igual o mayor monto.
El abril de 2017, los ex directivos de la Cooperativa de Fomento Regional “Crecicuentas” recuperaron su libertad por el mismo ilícito del fuero común.
En contra de los ex directivos recayeron más de 217 denuncias por un quebranto económico superior a los 500 millones de pesos a ahorradores, principalmente de Tekax, Oxkutzcab y Mérida, incluso de otros estados.
Por el antiguo sistema sólo un denunciante les reclamaba alrededor de 1 millón de pesos y fue el señor José Luis Rodríguez Fuentes, que recuperó su dinero y los exoneró.
También están implicados en este quebranto económico Carlos Javier Cámara Martínez, José Abel Gutiérrez Ordaz, Lorenzo Arturo del Angel Chay y Rainer Shuster Morales, entre otros.
