Por fin una iniciativa de ley que busca que haya una buena administración pública, y para eso es necesario que el servidor público o persona que esté a su cargo sea capaz y tenga conocimiento profesional para manejar y hacer rendir los dineritos y no sólo para engordar su cartera.
El diputado Miguel Rodríguez Baqueiro presentó la propuesta para que el tesorero de cualquier municipio sea preferentemente contador público, de no serlo, podrá auxiliarse de un despacho contable o contador público de la lista que emita la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
También se señala que el contrato privado, así como el nombramiento o remoción del contador público o del despacho contable, deberá ser aprobado por mayoría del Cabildo a propuesta del presidente municipal. Estos auxiliares de la tesorería serán responsables por los actos y omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
La diputada priísta Janice Escobedo presentó una iniciativa para que sea considerado como feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género.
Es decir que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes, se le hayan practicado mutilaciones genitales o de cualquier otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo, previas o posteriores a la privación de la vida.
El cuerpo o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultos o incinerados. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entiéndase esta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa o la solicitud de auxilio.
O cuando el asesino haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima.
