Habitantes del Desarrollo San Marcos, ubicado al sur de Mérida, denunciaron presuntas irregularidades en la construcción de sus viviendas, las cuales presentan inundaciones, filtraciones y daños estructurales a menos de un año de haber sido entregadas.
Más de 200 familias afectadas advirtieron que analizan emprender acciones legales para exigir la devolución de su dinero o la cancelación de sus créditos hipotecarios, ante la falta de respuestas por parte de la empresa desarrolladora.
Durante una reunión realizada ayer, los vecinos expusieron públicamente los problemas que enfrentan desde hace meses y que, aseguran, se agravaron con las recientes lluvias registradas en la capital yucateca.
Los residentes señalaron que el desbordamiento de drenajes y alcantarillas provocó que el agua ingresara a la mayoría de las viviendas, ocasionando pérdidas de muebles, ropa, documentos personales y aparatos electrónicos.
Ricardo Sánchez, uno de los afectados, afirmó que cada vez que llueve se presentan inundaciones y el retorno de aguas negras a través de coladeras y sanitarios, situación que genera malos olores, riesgos sanitarios y daños materiales dentro de las casas.
Los vecinos sostienen que parte del problema podría estar relacionado con la construcción de nuevas casas del programa Viviendas para el Bienestar, debido a modificaciones en el terreno y la reducción de áreas que anteriormente absorbían el agua de lluvia.
Por su parte, Perla López, dijo son casas nuevas que no tienen ni un año. Los edificios que están enfrente fueron entregados hace apenas dos o tres meses y el agua les empezó a salir de los contactos. «Los muros están húmedos y con una simple lluvia ya se filtra el agua dentro de los departamentos”, afirmó.
Además de las inundaciones, los habitantes reportaron la aparición de humedad, filtraciones en techos, grietas y otros vicios ocultos. Otra de las inconformidades se centra en la asociación Convivencia, perteneciente al grupo Vivo, encargada del mantenimiento del desarrollo.
Los propietarios aseguran que, pese al pago obligatorio de una cuota mensual de 270 pesos, persisten calles con maleza, registros dañados y falta de limpieza en áreas comunes. Ante este panorama, los afectados solicitaron la intervención de autoridades municipales, estatales, federales y del Infonavit para revisar integralmente el desarrollo habitacional.
Advirtieron que, de no obtener soluciones, impulsarán una demanda colectiva y posibles movilizaciones para frenar nuevas construcciones en la zona.
Cabe mencionar que según los testimonios recabados, algunas de las viviendas fueron adquiridas por montos que oscilan entre los 750 mil y 850 mil pesos, inversión que hoy, aseguran, se encuentra comprometida debido a las condiciones en que se encuentran los inmuebles.
