MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán se mantuvo por tercer año en el primer lugar en el Índice de Estado de Derecho 2020-2021 del World Justice Project (WJP) impulsado principalmente por ser el Estado más seguro de México.
Sin embargo, especialistas aseguraron que hay áreas de oportunidad en donde se puede mejorar como lo son la justicia civil y penal, que presentan puntaje de 0.3 o menos de un máximo de 1.0.
Leslie Solís, Investigadora del WJP, comentó en entrevista con Novedades Yucatán que los resultados del índice evidencian en general, un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición.
“A pesar de lo anterior, los datos muestran algunos cambios en ciertos aspectos del Estado de Derecho. La pandemia del Covid-19 y la aplicación de las medidas sanitarias trajeron consigo algunas disrupciones en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, Yucatán se mantuvo por tercer año en primer lugar, en esta edición con 0.47 de un máximo posible de 1.0.
“Sin embargo en Justicia Civil suma 0.38 y en el subfactor “Las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil”, suma 0.32. En el caso de justicia penal, alcanzó 0.42 pero en el sub-factor. “La policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz”, solo alcanzó 0.25. Otra área es la justicia laboral, en el sub-factor “Los derechos laborales se garantizan efectivamente”, alcanzó 0.31.”, detalló.
En el tema de la Justicia Civil, destacó que los trámites son muy tardados y burocráticos por lo que la justicia en esta materia no es expedita, en este rubro, Yucatán presentó un puntaje de 0.30. Además, de acuerdo con el estudio, el punto de “Las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos se ejecutan efectivamente”, alcanzó 0.32.
“Yucatán es un ejemplo al utilizar el índice como parte de su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, como herramienta de diagnóstico y como herramienta para el diseño de sus políticas públicas”, destacó.
Explicó que el Índice de Estado de Derecho 2020- 2021 aporta datos robustos y hallazgos accionables para informar los diagnósticos y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en planes y programas de las 32 entidades federativas.
La investigadora detalló que en su tercera edición, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25 mil 600 personas, de entrevistas a más de 2 mil 300 especialistas en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.
Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.
“Los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasado. La brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa. Todos los estados del país tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”, mencionó Leslie Solís.
Recordó que las entidades con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). El primero ha ocupado el sitio de honor por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
“Desde el índice 2019- 2020, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10. También, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42)”.
Por último mencionó que se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia (sub-factor 8.2) y el debido proceso (sub-factor 8.4).
“Por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público (medido en el indicador 8.1). Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación (que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la Envipe 2020)”.
