MÉRIDA.- Aunque fue condenado a pagar una pensión alimenticia por un juez familiar, Carlos Renán N. P. sencillamente dejó de pasar el dinero que se le ordenó, pues abandonó su trabajo en una empresa para no seguir haciéndolo y con ese pretexto no quiere seguir aportando por su cuenta.
Al ser presentado ante el juez de control Kenny Martins Burgos Salazar fue imputado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que querelló M.S.C.M.
Enseguida el juez accedió a que se le vincule a proceso y le impuso las medidas cautelares de acudir a firmar periódicamente y no salir del país.
El cierre de investigación complementaria se estableció en tres meses.
Los hechos
Carlos Renán y la querellante se encontraban legalmente casados desde 1982. Luego de una separación, en una resolución emitida por un Juzgado Familiar, en el expediente de abril de 2016, fue sentenciado a pagar a su esposa el 50% de la totalidad de sus ingresos mensuales.
Para garantizar el cumplimiento, dicho pago sería descontado vía nómina, debiendo ser depositado por meses anticipados dentro de los 3 primeros días de cada mes en el Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
No obstante, dicho mandamiento judicial, desde el mes de mayo de 2018 dejó de trabajar en la empresa en la que laboraba y de esta forma incumplió con la obligación de proporcionar alimentos a la querellante, siendo su último depósito el realizado en abril de ese año.
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