Los dos ejemplares de tigre de bengala que aseguró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en agosto del 2018, en el rancho Santa María, en el municipio de Baca, fueron llevados al Parque Zoológico del Centenario, donde se quedarán provisionalmente.
La Profepa decomisó los mamíferos al no acreditarse su legal procedencia y en atención al reporte policiaco y denuncias en medios sobre la posesión ilegal y un ataque al dueño de los tigres.
Por lo anterior, los inspectores de la Procuraduría acudieron el 7 de agosto de 2018 a realizar una visita de inspección al rancho Santa María.
En el lugar se encontraron los dos ejemplares de tigre de bengala en confinamiento, sin embargo, al momento de la diligencia el inspeccionado, Roberto Gabriel Lozano Tamez, no aportó la documentación federal para acreditar la legal procedencia de los felinos.
Se trata de un macho y una hembra de tigre de bengala, en etapa adulta juvenil, de los cuales no se detectaron faltas al trato digno y respetuoso, sin embargo, al no presentar la documentación que acreditara la legal procedencia, se procedió a su aseguramiento precautorio.
Prófugo
Los animales fueron propiedad de Lozano Tamez, quien el año pasado fue atacado por uno de los felinos luego de lo cual se supo que era buscado por la justicia en Nuevo León.
Como informamos, este empresario fue sentenciado por un crimen cometido en el año 2005 en Nuevo León, por asesinar a su amigo Juan Ramón Guadalupe Treviño Garza, de 38 años de edad.
El 9 de septiembre de 2005, el cadáver de Treviño Garza fue hallado con ocho heridas por arma blanca en la espalda y tórax, con la cabeza envuelta con cinta adhesiva y maniatado por la espalda dentro de su oficina, donde funcionaba un lote de autos.
Por esos hechos, Lozano Támez fue acusado y recibió una sanción de 25 años de prisión, pero al interponer su defensa los recursos legales obtuvo la libertad; sin embargo, los fiscales se inconformaron, se le revocó la libertad y se ordenó su reaprehensión, por lo que se ocultó en Yucatán.
