Luego de una maratónica audiencia para definir la situación legal del ex alcalde de Tahmek, Juan José G. G., y su ex tesorero, Freddy R.C., finalmente se dictó auto de no vinculación a proceso por presunto peculado de 2 millones 737 mil 190.50 pesos que no han podido explicar en qué se utilizó. Al finalizar la audiencia, ambos recuperaron su libertad.
Los abogados de los ex funcionarios solicitaron aplazar la reunión hasta antes de finalizar el término constitucional para contar con tiempo suficiente para preparar la defensa.
La Juez de Control de Kanasín, Mariza Virginia Polanco Sabido, razonó que, como las facturas están vigentes -de los supuestos gastos que hicieron los ex funcionarios-, es un indicativo que sí se efectuaron los servicios, que no han sido comprobados en su realización. También dijo que sólo los dichos de los testigos no son suficientes para acreditar la simulación de los presuntos gastos.
Cabe mencionar que la Juez no razonó el concepto de servicios, que puede prestarse a una simulación y generación de documentación para ocultar un ilícito.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción apelará la resolución de la juez, para que se retome la acusación.
Nadie sabe dónde quedaron los millones
Los hechos fueron denunciados por el director de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, Mario Can Marín, el 14 de agosto de 2020. Se detectaron irregularidades por montos de 1’091,040.90 pesos, $394,490.82, $611,198.78 y $630,460.00.
Por medio de la Fiscalía Anticorrupción, se solicitó la detención de ambos ex funcionarios, que fueron imputados y encarcelados de manera provisional.
El ex alcalde incluso buscaba la reelección por el Partido Verde Ecologista y cuenta con varias denuncias en su contra por usar recursos públicos para fines personales.
La Auditoría Superior ahondó sobre el tema al explicar que “los hechos tuvieron lugar en 2018 y fueron denunciados por la ASEY, que detectó movimientos inusuales en los últimos días de la administración saliente por compras en efectivo y que superaban el límite para la adjudicación directa, por lo que se dio parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, después de agotar varias líneas de investigación, se pudo determinar que las operaciones no se encontraban justificadas, por lo que se ejercitó acción penal en contra de los servidores públicos del trienio entre 2015 y 2018, presidente y tesorero.
Sin embaego, ambos ya están libres.
