Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- Ermilo Castilla Ponce y su padre Ermilo Castilla Roche fueron imputado por el delito de fraude de más de 1 mil 500 millones de pesos al vender ilegalmente 232 parcelas en la isla de Holbox, en el vecino estado de Quintana Roo.
La tercera implicada, Noemí Beatriz Roche Ancona –abuela y madre de estos dos imputados-, no compareció de nueva cuenta, presuntamente porque está de viaje en Europa.
El denunciante en este caso es Fernando Ponce García, quien en su demanda señala que la afectación a su patrimonio es de 1 mil 591 millones 250 mil pesos y, que de acuerdo con los datos de prueba consistente en los estados de cuenta de los acusados su nieto Castilla Ponce, su ex yerno Castilla Roche y su ex consuegra Roche Ancona, no tienen la solvencia económica para haber pagado esa cantidad al ahora afectado en una supuesta operación de compraventa de esos terrenos.
Por segunda ocasión, así como sin presentar algún justificante, la acusada Noemí Beatriz Roche Ancona no se presentó a la audiencia e imputación ante el juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero.
Ante el rumor de que la mujer huyó a Europa, su hijo Ermilo Castilla Roche indicó al juez que su madre no radica en Europa, sino que fue a la graduación de un nieto patrocinado y que estaría de regreso en unas tres semanas.
Entonces, el juez Mugarte Guerrero le indicó que en tres días presente un justificante de la inasistencia de su madre, así como un correo electrónico y un número de teléfono celular para que sea notificada de una nueva fecha para que se lleve a cabo la audiencia de imputación a ella y así se presente.
Mugarte Guerrero señaló que en caso de no acatar esas indicaciones, la mujer podría ser declarada sustraída de la justicia y se decretaría una orden de aprehensión en su contra.
En lo que se refiere a los otros dos acusados, fueron imputados por los fiscales por el delito de fraude específico, porque Castilla Roche, aprovechando que tenía un poder otorgado por el ahora denunciante –aunque ya estaba cancelado-, se confabuló con su madre Noemí Beatriz para simular una operación de compraventa de 232 parcelas de Holbox a favor de esta señora, quien a su vez entregó en donación los terrenos a su nieto Ermilo Castilla Ponce.
Luego Castilla Ponce le otorgó un poder a su padre a fin de que éste los pudiera vender a terceras personas.
En su exposición los fiscales señalaron que estos tres acusados se valieron de un notario público de Quintana Roo para hacer la simulación de la compra de los terrenos por parte de Roche Ancona, e incluso tuvieron la ayuda de otro abogado de nombre Esteban Castellanos Cámara para falsificar documentos y los sellos del ejido de Holbox.
Los fiscales tiene como dato de prueba correos electrónicos entre los imputados en los que relatan la maquinación para realizar el fraude, las declaraciones de dos testigos –que son ex empleados de Castilla Roche y quienes participaron en ese engaño, así como una memoria USB que contiene grabaciones de llamadas telefónicas entre Castilla Roche y Esteban Castellanos Cámara.
También indicaron que el engaño se dio entre los años 2013 y 2015, por lo que se trata de un delito continuado y que el denunciante otorgó el poder en 2004 y se canceló en 2011, de modo que no tenía validez y eso configura e delito de fraude.
Los dos acusados solicitaron la ampliación del término para a resolución de su situación jurídica, de modo que la audiencia de vinculación se efectuará el próximo lunes.
Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para estos dos acusados, pero el juez no accedió y les fijó el uso de localizador electrónico, a Castilla Roche una garantía económica de 500 mil pesos y a Castilla Ponce una de 250 mil pesos; así como la prohibición de salir del estado e ir a formar el libro de registros del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
El juez Mugarte Guerrero también confirmó a la Fiscalía General del Estado que inicie una carpeta de investigación en contra de los dos vigilantes y la empresa de seguridad de la privada en la que tiene su domicilio la tercer implicada, ya que le negaron –en dos ocasiones- el acceso al notificador para que entregara un citatorio sopara que acudiera a a la audiencia de imputación.
