MÉRIDA.- La juez segundo de control de Mérida, Ileana Domínguez Zapata, sentenció a 22 años de prisión a José Francisco “N” y José “N”, quienes fueron acusados del delito de violación agravada, tras atacar a un joven en un predio de la colonia Miraflores, en el oriente de Mérida.
La resolución fue el resultado de un procedimiento abreviado con base en que los acusados llegaron a un acuerdo con los fiscales sobre las sanciones a imponer.
Los hechos sucedieron alrededor de las 11 de la noche del 5 de mayo de este año, cuando el denunciante caminaba sobre la calle 19 entre 28 y 30 de la colonia Miraflores, y al pasar a las puertas de un predio fue interceptado por los ahora sentenciados, quienes a la fuerza lo metieron al inmueble y se turnaron para violarlo en varias ocasiones.
Luego del ataque sexual, la víctima logró pedir ayuda a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes detuvieron a los dos agresores.
Los dos sujetos fueron presentados ante la juez segundo de control de Mérida, Ileana Domínguez Zapata, quien, luego del debate entre los fiscales y la defensa, determinó vincularlos por el delito de violación agravada.
Anteayer se celebró una nueva audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida; los dos acusados renunciaron a su derecho de tener un juicio oral y prefirieron someterse a un procedimiento abreviado, en el que aceptaron su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
Por ello, la juez Domínguez Zapata los declaró culpables del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el numeral 313 párrafos primero y segundo en relación con el 316 fracción I, ambos del Código Penal del Estado vigente; 30 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.
La juzgadora sentenció a cada uno a 22 años de prisión y les impuso una multa de mil 334 unidades de medida de actualización equivalente a la cantidad de 112 mil 52 pesos.
También los condenó al pago de la reparación del daño a la víctima, pero esto se hará en la etapa de ejecución de sentencia.
Asimismo, se prohibió a los acusados aproximarse a la víctima y a su domicilio, una vez compurgada dicha sanción privativa de libertad, por el término de 3 años. Por último, se les negaron los beneficios que otorga la Ley para la sustitución de la sanción corporal.
