Doña María Esther Chan Cupul fue despojada de propiedades por unos gamberros y un juez se hace al mismo.
Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- A casi tres años de que fuera víctima de un grupo de personas cobijadas por las autoridades de la comisaría de Xocempich, Dzitás, doña María Esther Chan Cupul, viuda, humilde y de extracción indígena, no ha obtenido una justicia reparatoria por parte del juez Manuel Soberanis Ramírez, quien se ha lavado las manos como Poncio Pilatos.
A De Peso llegó un escrito de su familia en el que narra todo y se informa que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que emitió una recomendación -02/2016- en este caso y que dicho juzgador ha ignorado y sí, en cambio, ejerció violencia institucional en su contra sólo por el hecho de ser mujer indígena y pobre.
El 19 de abril de 2014, diez personas derrumbaron la albarrada divisoria de su predio para despojarla de dos metros de su propiedad, que desde 20 años antes mantenía en posesión pacífica, todo porque su vecina Inés Cen Ordóñez alegó falsamente que eran suyos.
Los gamberros eran encabezados por Eriberto Vieyra Ortiz (a) “Huach” o “Michoacano” y Filiberto Cen Ku (a) “Simo”.
También estaban Ageo Ezequiel Tun Cen (a) “La Sombra” y su esposa Yomara Huchim, Carmen Israel Cen Hau (a) “Richo”, José Isabel Cen Ordóñez (a) “Chabelo”, Teresa Koh, Martha Leidy Hau Chay, Alfredo Cen Hau (a) “Buty” o “Lobo”.
Igualmente estaban el actual ex comisario municipal, Concepción Mis Baas (a) “Chico” y los policías municipales Eulogio Cen Ordóñez (a) “Panza” y Arsenio Mis Mex (a) “Pool”, vestidos de civil.
La acción gamberril fue videograbada y fotografiada por la familia de la mujer agraviada.
Desde ese día, la búsqueda de justicia de esa señora no ha cesado y en al menos de forma satisfactoria, porque Soberanis Ramírez sólo encontró culpable en sentencia a “Huach” o “Michoacano” por el delito de lesiones, por haber arrojado una piedra a la hija de la agraviada.
Este delito es secundario al despojo de cosa inmueble, dejando en total impunidad a cinco acusados, incluyendo a “Huach”.
Este juez no tomó en cuenta fotografías, videos y el testimonio de la arbitraria actuación de estos sujetos, además que ignoró la recomendación de la Codhey, donde se ordena que la albarrada sea puesta en su lugar.
Incluso, el Ministerio Público hizo su labor de tortuguismo, pues congeló el caso por casi dos años.
A pesar de esta recomendación, no se ha sancionado al ex presidente municipal Crescencio Canul Polanco (PRI) que contaría con la protección del alcalde Noé Estelín Pech Aguilar (PAN).
Este caso ahora se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con la apelación interpuesta por la no vinculación a proceso por el delito de despojo de cosa inmueble.
