Redacción/De Peso
MÉRIDA, Yucatán.- Al fin, se ejercitó acción penal en contra del ex visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Edwin Alejandro Arcila Cordero, por el delito de falsificación de documentos en general, por cerrar de manera ilegal un expediente en el que se hacían graves acusaciones por negación de servicio médico a gente con VIH/Sida.
La negación de dicho servicio derivó en la muerte de una persona migrante, y la desatención y falta de medicamentos para gente con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil enfermos en Yucatán.
En este asunto, la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González, a petición de la Fiscalía General del Estado, imputó a Arcila Cordero por dicho ilícito.
Le impuso las medidas cautelares de prohibición de salir del Estado, y la obligación de acudir a firmar en la dirección de control de procesos por todo el tiempo que dure el asunto.
La audiencia de vinculación fue programada para el 14 de mayo.
Los hechos
Los hechos fueron denunciados por Carlos Méndez Benavidez, director del albergue “Oasis de San Juan de Dios”, dedicado a asistir a pacientes con VIH/Sida.
Los hechos que se le imputan al ex visitador se registraron el 12 de noviembre de 2013, cuando Méndez Benavidez interpuso ante la Codhey una queja cuando el ahora imputado estaba a cargo de la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Asuntos de la Mujer.
Más tarde, el 20 de febrero de 2014, presentó otra queja, denunciando violaciones a los derechos humanos de una mujer migrante con VIH.
Acudió en varias ocasiones para preguntar cómo seguían sus quejas, sin que le dieran información al respecto, señalándole que ellos –la Codhey- le notificarían en caso de existir nueva información.
El 6 de agosto de 2015 acudió en compañía de su abogado a revisar los expedientes de las dos quejas y le informaron que ambas se habían acumulado, ante lo cual se inconformó.
Al día siguiente acudió a su domicilio el visitador, informándole que sus quejas se habían acumulado, pero que también se encontraban cerradas.
Por ello le reclamó que nunca le hubieran notificado, a lo que el ahora imputado le pidió que no acudiera a la Comisión, que le marcara a su teléfono particular para ponerse de acuerdo y fuera cuando él le dijera a que presentara una queja nueva, que él mismo llevaría con carácter de urgente.
Ante la actitud tan sospechosa, acudió el 12 de agosto de 2015 a la Comisión, siendo atendido por una licenciada quien le manifestó que su queja con número 120/2014 se había concluido, ya que como constaba en el expediente a foja 180, supuestamente él se había desistido.
Debido a eso, pidió ver la hoja del desestimiento y constató que el citado visitador manifestó que se apersonó a su domicilio el 30 de abril de 2015 y que supuestamente se iba a desistir.
Mayor fue su sorpresa al ver el reverso de la hoja y darse cuenta que estaba su supuesta firma.
La licenciada le puso a la vista la cédula de notificación de 7 de mayo de 2015 donde se informó que la queja 120/2014 se había concluido, recibiendo y firmando dicha notificación la señora Eva Pool.
Lo anterior fue el colmo de las mentiras, pues esa señora, de nombre Eva Noemí de Jesús Pool Vicinaiz, murió el 10 de enero de 2015.
A raíz de la denuncia, la Codhey reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016, dirigida al secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.
Sin embargo, la alteración de documentos y la falsificación de firmas siguieron impunes y, por ende, se recurrió a un amparo federal.
La denuncia fue interpuesta cuando estaba por concluir sus funciones Jorge Victoria Maldonado y fungía como secretario técnico del organismo José Enrique Goff Ailloud, quien ahora ocupa el cargo de fiscal anticorrupción del Estado.
