Con un minuto de silencio como muestra de respeto a María Raymunda Che Pech, quien fuera alcaldesa del municipio de Kantunil y perdiera la vida hace unos días, luego de breve dolencia, los diputados locales cumplieron ayer con su sesión plenaria.
Por fin, luego de una hora de retraso (como ya es costumbre) comenzaron el evento y aunque las diferentes fracciones parlamentarias se quejan de los priístas, pues los acusan de terminar tarde sus previas y retrasar el inicio de las plenarias, tampoco ellos hacen nada por presionarlos e imponer un poco de respeto.
Los diputados tomaron compromiso constitucional a la ciudadana Adriana de León Carmona como nueva integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, al igual que Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García como nuevos consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Luego de mucho show y tiempo perdido, por fin la mayoría de los legisladores aprobó la moción suspensiva propuesta por la dipu de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié, sobre el dictamen para modificar la Ley de Salud en materia de Objeción de Conciencia, Planificación Familiar y Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, con el objetivo de regresar el tema a la Comisión de Salud y Seguridad Social para ampliar su análisis.
El panista Manuel Díaz Suárez (quien ya agarró pleito con las de MC) argumentó que no habían elementos suficientes para votar a favor de la moción suspensiva; por el contrario, en el caso de Objeción de Conciencia, apuntó que es un mandato federal y al aprobarse las reformas en la materia en la Ley General de Salud en el Congreso de la Unión, en mayo de 2018, se especifica que las legislaturas locales tienen 90 días naturales para dictaminar al respecto.
En el tan sonado de las Unidades de Medidas de y Actualización (UMA), Luis Aguilar Castillo, de Nueva Alianza (NA), solicitó a la directora de ISSTEY, Isabel Rodríguez Heredia, y al Consejo Directivo que se apliquen de manera inmediata los esquemas optativos de jubilación o pensión, porque el atraso afecta de manera importante el ingreso económico de los trabajadores que pudieren ser beneficiados en este protocolo.
