De seis meses hasta dos años de prisión como castigo a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, aprobaron los diputados locales.
Todos –como borreguitos- alzaron la mano por el sí en las modificaciones al Código Penal del Estado, en materia de delitos informáticos.
Y con 15 votos, fue electa Janine Andrade Campos, como nueva integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), por un periodo de dos años.
Aparte, el priísta Luis Borjas y las de Movimiento Ciudadano, Silvia López y Milagros Romero se agarraron a dimes y diretes, porque él pidió un exhorto al Gobierno Federal para que las autoridades que fungen como enlace y representación de las dependencias federales en Yucatán se limiten al actuar que señala la Ley Agraria, sin interferir en las decisiones que se lleven a cabo en las asambleas ejidales, ni confabularse con empresarios para la venta de tierras ejidales y mucho menos agitar a los núcleos disidentes para el desconocimiento de autoridades ejidales legalmente electas.
A lo que la coordinadora de MC, Silvia López le respondió que está a favor de los ejidatarios pero en contra de los “legisladores gandallas” que quieren tomar el asunto como un botín político para pararse el cuello. Milagros le dijo al joven, con quien comparte apellido, que los exhortos son como un llamado a misa: quien quiere hace caso y quien no, pues no.
