El alcalde de Telchac Puerto, Edmundo Alfonso Núñez Herguera, no sólo disparó el cobro del Impuesto Predial en 450%, generando protestas dentro de la población y la intervención del Congreso del Estado. También ha sido señalado por la proliferación del comercio clandestino en su demarcación, afectando principalmente a los jóvenes.
Ahora, y por si fuera poco, enfrenta una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
El edil, quien inició su gestión el 1 de septiembre de 2024 por el PRI y luego renunció para adherirse a Morena, también enfrenta un proceso a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por daño patrimonial por 814 mil 320.7 pesos registrados en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al año 2024, en la cual revisó los primeros cuatro meses de la administración de Núñez Herguera, es decir, de septiembre a diciembre de 2024, y que fue entregado por la instancia fiscalizadora al Poder Legislativo.
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán es el órgano técnico del Congreso estatal encargado de revisar y fiscalizar cómo el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otros entes públicos administran y ejercen los recursos públicos. Su objetivo es comprobar que el dinero de los contribuyentes se utilice conforme a la ley, al presupuesto autorizado y a los programas establecidos.
Usa su poder para dañar a ciudadanas
En cuanto a la denuncia penal citada en contra del alcalde del puerto, fue interpuesta por las ciudadanas Ninelitzetl Sara Armella Sánchez y Carmen Betzaida Armella Sánchez, quienes lo responsabilizaron de ordenar a la Policía Municipal romper las cerraduras de su domicilio (propiedad privada) para permitir que fuera invadido por Fabiola López Ariza y Alejandra Rodríguez Ariza, con quienes tiene una estrecha relación.
En la querella interpuesta el 14 de octubre pasado, y de la cual este rotativo tiene una copia, Sara Armella Sánchez relató que es la heredera del predio ubicado en la calle 27 número 73 de Telchac Puerto, al cual cuando llegó el 6 de octubre no pudo ingresar porque estaba ocupado por la señora Alejandra Rodríguez Ariza y otras personas por lo que al encararla y pedirle una explicación solo dijo que su prima Fabiola López Araiza le dijo que forzara la puerta y ocupara el predio, sin presentar ningún documento judicial, por lo que tras una discusión las invasoras se retiraron del domicilio.
Las hermanas Armella Sánchez sostienen que, tras conseguir la salida de las ocupantes, el 8 de octubre solicitaron la intervención del notario público número 99, Juan Francisco Roberto Monforte Méndez, quien levantó el acta 816 para dejar constancia de las condiciones del inmueble, que posteriormente quedó asegurado con cadenas y candados.
Sin embargo, el 11 de octubre recibieron imágenes en las que aparecían policías municipales de Telchac Puerto dentro de la propiedad, después de que un individuo cortara las cadenas con un alicate.
La acusación adquiere mayor gravedad porque, de acuerdo con la denuncia, el comandante de la Policía Municipal confesó que la intervención se realizó por instrucciones directas de Edmundo Alfonso Núñez Herguera.
Las denunciantes aseguran que no existía autorización judicial para ingresar al inmueble y atribuyen la actuación de los agentes a la relación cercana que mantiene el alcalde con las personas invasoras.
También afirman que vecinos conocían la situación, pero evitaron intervenir por temor a represalias de la autoridad municipal.
El caso abre nuevos cuestionamientos sobre el ejercicio del poder en Telchac Puerto, pues las acusaciones apuntan a un posible uso de la corporación policial para intervenir en un conflicto entre particulares, fuera de los procedimientos legales correspondientes.
Las promoventes solicitaron al Ministerio Público investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la actuación del alcalde y del comandante municipal.
La denuncia constituye un nuevo frente para Núñez Herguera, cuya administración ya enfrenta cuestionamientos por el incremento del impuesto predial y los señalamientos sobre comercio clandestino.
