Luis Fuente/Mérida
A pesar de que se ofrecieron todos los elementos para confirmar la negativa de amparo en el caso de granja porcícola “Papo” de Homún, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa decidieron continuar el estudio del caso y acordaron aplazar una semana la decisión sobre este asunto.
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La determinación generó que el sector industrial yucateco enfatizara que están en riesgo miles de empleos por proyectos previstos para la entidad, ya que la paralización de empresas no deben ser parte del panorama económico cotidiano de Yucatán. Advirtieron que los empresarios no deben, además de cumplir con las normas, dedicar tiempo y esfuerzo para sustentar en tribunales las bondades de su inversión.
Después de un debate que duró poco más de una hora, ya que comenzó a las 10:47 horas de ayer y terminó a las 11:55, el magistrado ponente del proyecto de sentencia, Paulino López Millán, mantuvo su postura de confirmar la negativa de amparo, mientras que la magistrada presidente Julia Ramírez Alvarado propuso la reposición del procedimiento, y la magistrada Raquel Flores García consideró que se debía conceder el amparo a los quejosos porque se violaron sus derechos humanos.
Dada la diversidad de opiniones, y al no lograr un consenso, los magistrados decidieron continuar con el análisis de la solicitud de amparo y aplazar una semana su resolución.
Ayer publicamos que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, debía emitir ayer mismo, una resolución sobre el caso de la granja porcícola de Homún, en el cual el proyecto de sentencia señala que no se encontró afectación ambiental para prohibir su operación.
En su exposición, el magistrado López Millán indicó que los agravios presentados por el grupo de inconformes son inoperantes, infundados e inatendibles, de ahí que confirma la resolución del Juzgado Segundo de Distrito que negó la protección de la justicia federal al no encontrar daño ambiental negativo por la operación de la granja.
Mencionó que los quejosos aseguraron que la operatividad de la granja porcícola causaría daños irreversibles al medio ambiente, pero, reiteró, hasta el momento, cuando el juzgado segundo de distrito negó el amparo, no se tenía ninguna prueba que sustentara esa situación.
Documental privado
Los demandantes presentaron un documental privado de un biólogo que afirmaba el potencial de graves daños ambientales, pero solo fue una opinión y no un dictamen pericial.
En su intervención, la magistrada Julia Ramírez Alvarado señaló que se debía ordenar la reposición del procedimiento, pues el Juzgado Segundo de Distrito debió, por oficio, ordenar una serie de pruebas para determinar el impacto a la comunidad maya de Homún, como el hecho de que la mayoría de sus habitantes trabaja en la explotación de los cenotes por medio del ecoturismo.
En respuesta, López Millán señaló que estos estudios estarían fuera de lugar, pues en este caso ya está demostrado que los quejosos pertenecen a una comunidad maya y que la granja está dentro del área geohidrológica conocida como “El anillo de los cenotes”.
Entonces, la magistrada Ramírez Alvarado insistió en que el juez de distrito debió ordenar por oficio nuevas pruebas para determinar el impacto ambiental que causaría la granja, y cuando menos informar a los promoventes que el documento privado que presentaron como prueba no alcanzaba la calidad de pericial, para que éstos pudieran hacer valer sus derechos.
De nuevo fue refutada por el magistrado López Millán, quien hizo ver que la suplencia de la queja en materia administrativa no llega al grado de que el juzgador tenga que hacer por oficio pruebas o peritajes; eso solo sucede en el ramo penal.
Por su parte, la magistrada Raquel Flores García estuvo de acuerdo en ordenar la reposición del procedimiento, y expresó sus puntos de vista, y dijo que era necesario un nuevo dictamen del potencial impacto ambiental.
De esta manera se emitiría una resolución ordenando al juzgado segundo de distrito la reposición del procedimiento, pero luego la magistrada Flores García cambió su postura y propuso que se concediera el amparo a los quejosos.
Los otros dos magistrados le explicaron que el caso de la consulta a grupos vulnerables sería un tema de fondo al que no se entraría, debido a que ahora la propuesta era la reposición del procedimiento, y no resolver el amparo.
Sin embargo, la magistrada Flores García insistía en conceder el amparo; entonces se decidió aplazar una semana para seguir con el estudio del caso.
Manifestación
Mientras tanto, afuera del recinto del Poder Judicial Federal, un grupo de presuntos vecinos de Homún se manifestaron con pancartas en contra de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (granja Papo).
Sobre el tema, los empresarios yucatecos advierten que la incertidumbre mantiene en riesgo un sector de la economía en Yucatán, que vale miles de millones de pesos y genera miles de empleo al año.
Las inversiones detenidas, como las de las granjas porcícolas y proyectos de parques eólicos para generar energía solo ahuyentan a otros sectores empresariales que tienen previsto generar fuentes de empleo en la región.
Los inversionistas están muy atentos a lo que sucede cuando un grupo de personas encabezadas por el equipo de Indignación emplean artimañas para detener proyectos como el porcícola de Homún, y otros energéticos.
Esa es la importancia del caso de la granja Papo, porque lo que suceda con esa empresa marcará el rumbo económico de Yucatán, ya que la granja, como se ha demostrado reiteradamente, cumple con los lineamientos marcados por las autoridades, incluso con los estándares de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas.
