Rollo: El Boffas
Este lunes 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaración Universal de los mismos. Pero no ha sido un camino fácil, al contrario: lleno de espinas e incompresiones.

En Yucatán, las cosas se han complicado y, al parecer, el sexenio de Rolando Zapata Bello (2012-2018) no estuvo exento de problemas en la materia.

Según organismos de derechos humanos federales, la administración de Zapata Bello dejó una enorme deuda en materia de derechos humanos y, en particular, actos de presunta tortura y tratos inhumanos y degradantes.

No solamente permanecieron impunes, durante su mandato, casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura policiaca, sino que en esa administración permanecieron los cauces que presumen violación excesiva de los derechos humanos.

Así lo muestran todos los casos perpetrados que se dieron en Yucatán durante la administración “Rolandista”, algunos de los cuales, fueron muy subidos de tono.

En agosto de 2013 una persona falleció en los separos policiacos, de acuerdo con la recomendación 7/2014 de la Codhey. Un entrevistado y testigo, que también fue golpeado en esa ocasión, incluso narra que escuchó los golpes, ruido de agua y escuchó cuando los policías dijeron: “ya se te felpó uno.” En la recomendación se puede leer: “luego mi entrevistado al pasar unos 30 segundos escucho? unos ruidos muy parecidos a la ma?quina que se usa para reanimar a las personas mediante electroshocks que escucho? que la usen en 2 ocasiones y a la segunda, escucho? que una persona vomitaba y otra deci?a “Esta vomitando agua, hay que ingresarlo porque esta vomitando mucha agua y no tiene pulso”.

A pesar del fuerte testimonio recogido, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) fue tibia y temerosa. Reconoce que se violó el derecho a la vida, recomienda sanciones administrativas para los responsables y apenas menciona “la probable responsabilidad civil o penal”.

Otro ejemplo es el de Edwin Canché Pech, periodista de conocido periódico estatal, golpeado y torturado el 1 de enero de 2014 por policías de Seyé y por el propio alcalde de ese municipio.

“Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir”, fueron palabras de William Roberto Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después. El servicio médico forense de la fiscalía determinó parasitosis.

Ese mismo año se hicieron públicos otros casos de tortura, como el de José Adrián, adolescente torturado por policías de Chemax y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

En 2016 permeó la imagen de la tortura y las agrupaciones civiles escucharon el testimonio de una persona que, en octubre de 2017, fue desalojada de su hogar por presuntos policías y secuestrada. Con los ojos vendados fue trasladada a un cuarto en el que le estuvieron golpeando y dando toque eléctricos durante horas y abandonado después a la orilla de una carretera. Esta persona interpuso la denuncia penal correspondiente así como la queja ante la Codhey y, a pesar de eso, el caso continúa impune.

En febrero de ese año una persona de Tunkás detenida junto con otras dos personas que denunciaron tortura, estuvo desaparecida. El sigilo alrededor del caso, la aparición días después de la persona detenida y desaparecida, la sospecha y la denuncia de tortura y el reciente retiro de dicha denuncia, apenas en mayo pasado, es una alerta de la presión a la que podrían estar siendo sometidas víctimas de tortura para retirar sus denuncias y garantizar encubrimiento e impunidad, lo que por supuesto tiene un impacto brutal en las personas agraviadas y en la persistencia del crimen.

En mayo de 2016, José Nery falleció en la cárcel de Teabo, después de ser detenida por policías municipales. A pesar de los testimonios de quienes escucharon que lo golpearan y de quienes escucharon a los policías decir “ya se te pasó la mano”, las autoridades han insistido en determinar suicidio.

Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008.

El gobierno de Rolando Zapata omitió establecer un protocolo para investigar o descartar tortura siempre que una persona fallezca en un centro de detención. Dicho protocolo tendría que investigar minuciosamente la responsabilidad de quienes tenían a una persona detenida bajo su custodia, garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad y asegurar que los peritajes forenses practicados por particulares sean admitidos como pruebas y valorados en iguales términos que los peritajes oficiales, tal como ha señalado el relator para la tortura al presentar su informe sobre la visita a nuestro país en 2014.

El único caso de Tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune.

Amiguitas y amiguitos, ya saben: sugerencias para que estos detestables casos sean los menos escuchados en los siguientes seis años, enviarlas a [email protected] y/o [email protected]