Como ya está acostumbrado a estar en el penal meridano, Irvin A. S. G. decidió someterse a un procedimiento abreviado y estar un año recluido, todo porque no quiere mantener a su hijo.

El juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, a petición de las partes, accedió a concluir este asunto, luego que en dos ocasiones fuera detenido este sujeto para que responda por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Bonilla Castañeda también le impuso el pago de 20 días de multa; reparación del daño por 40 mil pesos; amonestación; pérdida de los derechos de familia, y pérdida de derechos políticos.

Los hechos fueron denunciados por M.F.A.U., en agravio de su hijo menor de edad de identidad reservada.

Cabe mencionar que dicho sujeto se ha mostrado extremadamente renuente para cumplir con sus obligaciones como padre, pues antes gozaba de una suspensión condicional de proceso, la cual se revocó al incumplir los acuerdos y se reanudó el proceso.

La denunciante y el acusado mantuvieron una relación durante 4 años, tiempo durante el cual vivieron en casa de los papás de este sujeto.

De dicha unión procrearon un hijo que nació en octubre del 2013, pero como el ahora procesado estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social por siete meses, desde el 25 de enero del 2014 hasta el 4 de agosto de ese mismo año, a partir de esa fecha solamente iba a casa de sus papás los fines de semana, terminando su relación el 10 de abril del 2016.

A partir de ese momento cada quincena compraba mercancía para el niño por un monto de 810 pesos, pero en mayo del 2015 le dejó de proporcionarle este apoyo y mucho menos le daba dinero, diciéndole a la querellante que viera cómo hacerle porque él ya no iba a hacerse cargo de ningún gasto.