Rollo: Ambrosio Gutiérrez Pérez

No sin oposición, no sin críticas, este miércoles fue aprobada la Ley de Federal de Austeridad Republicana en la Cámara de Diputados que establece límites al ejercicio del servicio público, acorde con la voluntad de austeridad republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El punto de mayor polémica ha sido el que subraya que queda prohibido a los servidores públicos, comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo, ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto a las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público hasta que hayan transcurrido 10 años de ocupar dicho cargo.

Por supuesto que tiene sus razones válidas, aunque quienes están en contra alegan posible violación de derechos humanos.

Hasta ahora muchos personajes que han pasado por la administración pública, en cargos de Hacienda o vinculados con la obra pública, por ejemplo, terminaban su encargo y de inmediato se convertían en “asesores” o “consultores” para empresas privadas, o creaban las propias, con muchas ventajas por haber tenido información privilegiada e incluso relaciones que los ayudaban a obtener beneficios del gobierno.

No hay, por otro lado, quien no esté de acuerdo con la austeridad republicana, después de haber vivido décadas de corrupción e impunidad, de abuso de poder, de saqueo de las arcas públicas y de soportar nuevos ricos cada 3 o 6 años.

La nueva Ley de Austeridad Republicana establece, por ejemplo, que los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad.

Se ajustan gastos en choferes y asistentes; en consultaría y colaboradores; en telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, papelería, congresos, exposiciones y seminarios.

Los servidores públicos tampoco podrán contratar personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios a personas con las que tengan lazos de parentesco o vínculo de matrimonio o concubinato.

Por años, decía antes, los ciudadanos nos quejamos de esos nuevos ricos, de los abusivos funcionarios públicos que incorporaban a la nómina hasta a la abuelita; del uso y abuso de vehículos oficiales para ir por los hijos a la escuela, para ir al mandado, etcétera.

Esta nueva Ley busca acabar con todos esos privilegios que estaban reservados sólo para unos cuantos, para los abusivos de arriba, como dije López Obrador.
Rendijas

–Este día rindió su informe de labores la rectora Cindy Saravia López, que lleva un año al frente de la Universidad Autónoma de Campeche, del 17 de septiembre del año pasado a la fecha, y este viernes se reunirá el Consejo Universitario para elegir a un nuevo rector o rectora, o en su caso reelegir a Saravia López.

El panorama no está muy claro. Hay quienes aseguran que reelegirán a Saravia López; hay quienes dicen que no, que el Consejo Universitario elegirá a un nuevo rector e, incluso, mencionan a José Román Ruiz Carrillo que hoy día se desempeña como contralor estatal.

Pero esos son chismes de medios y redes, incluso entre funcionarios públicos que dan por un hecho el relevo. La verdad se sabrá este viernes 11 que el Consejo Universitario decida.
–Hay 11 inscritos hasta el momento para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción. El plazo de inscripción vence este viernes 11 a las 12 de la noche. Será el Congreso del Estado el que decida quién ocupará el cargo que dejó vacante el abogado José Ángel Paredes Echavarría, al fallecer.