Al resolver la situación jurídica de Isabelino R.L., Manuel Alejandro F.C. Javier H.J., y Jesús T.P., presuntamente relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la juez Primero de Control de Mérida Suemy Lizama Sánchez, los vinculó a proceso por delitos contra la salud.
Además, los dos primeros mencionados también fueron vinculados por el delito de cohecho, pues trataron de sobornar a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que los detuvieron, para que los dejaran irse.
Este viernes 21, la juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro acusados por todo el tiempo que dure el proceso en su contra y otorgó a la Fiscalía General del Estado un plazo de tres meses para el cierre de investigación de este caso.
La vinculación fue por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de mariguana y cocaína para tres de los imputados, así como posesión simple de mariguana a otro de ellos y dos por cohecho.
Las denuncias sobre estos hechos delictuosos fueron presentadas por elementos de la SSP y de la Policía Estatal de Investigación.
Para su defensa, los acusados nombraron a los abogados Jesús Carlos Medina Salas y Francisco Sandoval, procedentes de Guadalajara.
Hechos
En la causa penal se menciona que los hechos ocurrieron el 14 de junio, aproximadamente a las 23:00 horas, cuando los ahora acusados se encontraban a bordo de un vehículo VW tipo Passat, blanco, con placas de Quintana Roo, el cual era conducido a exceso de velocidad.
Se expone que al ser interceptados por elementos de la Policía, Isabelino R. le ofreció la cantidad de 2 mil pesos a un agente para que les permita seguir su camino y Manuel Alejandro les ofreció 3 mil.
Al no aceptar el soborno, a los sujetos se les practicó una revisión y se les decomisaron bolsas con cocaína y un envoltorio con marihuana, mismos que se encontraron dentro de una mochila negra.
La detención de estos cuatro sujetos, a quienes se les aseguraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y se les estableció una presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó una sobrevigilancia con grupos especiales en los accesos a la SSP y en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del Estado, con vehículos blindados que tienen una ametralladora calibre 50.
Esto como medida para prevenir represalias del mencionado Cártel o una operación para rescatar a los detenidos.
A las puertas del Cereso de Mérida se mantiene un carro-tanque con una metralleta adaptada en la parte superior, mientras tanto, a un lado de las instalaciones se encuentran camionetas con efectivos de la corporación, fuertemente armados, que realizan rondines por el área.