Rollo: Israel Cárdenas
Por tercera ocasión en menos de 50 años, Yucatán y Quintana Roo podrían enfrentar un conflicto jurídico por límites territoriales ante la entrada en vigor una reforma a la Constitución Política de esa entidad para ajustar su línea divisoria, colindante con el Estado.

La Diputación Permanente del Congreso envió a los poderes Ejecutivo y Judicial locales, así como a los 25 diputados yucatecos, un oficio presentado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura, Felipe Cervera Hernández, en el que informa sobre diversas reformas a la Constitución del vecino Estado, referente a la ubicación geográfica de esa entidad, que podría afectar, dijo, los límites actuales y la soberanía de Yucatán, principalmente en los municipios de Peto, Tzucacab y Tekax.

El 5 de diciembre de 2018, el Congreso quintanarroense aprobó una reforma constitucional para reafirmar los límites territoriales de ese Estado y establecer la ubicación exacta de la intersección que marca la división con Campeche y Yucatán.

Se trata del dictamen con Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reformó el artículo 46, en su fracción I; así como el 75, en su fracción XXXVII, y 131, de la Constitución de esa entidad. De acuerdo con el documento, las modificaciones son con el objetivo de establecer la ubicación exacta del punto Put, ubicado en un rancho con el mismo nombre, además de que cada una de las georeferencias sean acordes con los documentos históricos que datan desde la creación de Quintana Roo como estado libre y soberano.

Al respecto, el diputado y presidente de la Diputación Permanente de Yucatán, Enrique Castillo Ruz, precisó que el Gobierno del Estado tiene un plazo de 60 días hábiles -contados a partir del 22 de marzo pasado cuando la citada reforma se publicó en el Diario Oficial- para determinar si emprende una controversia jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la instancia encargada de resolver los límites territoriales entre estados.

“Históricamente ha habido siempre un problema limítrofe entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en 1975 en tiempos de Carlos Loret de Mola Mediz como gobernador se sentaron las bases sobre límites territoriales, luego en la década de los 90 se dio otra vez un problema entre los estados, y ahora Quintana Roo, a partir de diciembre de 2018, retomó el tema y elaboró una iniciativa de ley en la que determina los límites territoriales de ese estado que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el pasado 22 de marzo”, dijo.

Respuesta del Gobierno de Yucatán

El Gobierno del Estado informó ayer que realizará un análisis jurídico para determinar si promueve una controversia legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo aprobada por el Poder Legislativo de la vecina entidad en materia de límites territoriales, que podría afectar a la entidad.

La administración estatal inició ayer el análisis de la citada reforma, y agregó que los trabajos implicarán razonamientos en materia legal y en asuntos políticos, asimismo que aún están a tiempo de promover alguna controversia jurídica pues hay un plazo de 60 días hábiles contados a partir del 22 de marzo pasado para recurrir a la Suprema Corte.

Al respecto, el Gobierno del Estado informó que en los próximos días dará a conocer una determinación.

El Decreto 303, publicado el pasado 22 de marzo en el Periódico Oficial de Quintana Roo, referente a la ubicación geográfica de dicha entidad, puede afectar los límites actuales de los municipios de Peto, Tzucacab y Tekax.

En este contexto, a nivel nacional actualmente se enfrentan al menos siete conflictos limítrofes entre entidades federativas y un número mucho mayor entre municipios.

Las resoluciones a estos problemas corresponden a la Suprema Corte y la decisión de los ministros puede influir, además de en lo meramente geográfico, también en lo económico y lo electoral.

Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco y Colima son sólo algunos de los estados de la república que actualmente libran batallas jurídicas para que se corrija su extensión territorial.

Tanto la Suprema Corte como el Senado ya había dado por cerrado el lío, pero esta decisión lo reabrió.