Ayer inició una etapa triste para cientos de habitantes del municipio de Homún, que vieron cómo en apenas 10 minutos dos magistradas les quitaron la oportunidad de tener empleos dignos, al decidir dos votos contra uno, que se reponga un procedimiento de un trámite cabalmente cumplido en su oportunidad, pero que a todas luces es una estrategia dilatoria para mantener cerrada la granja Papo el mayor tiempo posible.
Tras esta decisión del Tribunal Colegiado en contra del progreso productivo del Estado, sucederán tres escenarios: Se detendrán inversiones por la incertidumbre legal, los grupos extremistas se sentirán más fortalecidos para continuar frenando a su antojo las obras que no les parezcan y el desempleo en el medio rural seguirá en grado crítico.
A los empresarios les preocupa que algunos jueces sin valor y grupos ajenos a Yucatán intenten polarizar a la sociedad con sus agendas extremistas, trunquen el empleo, rompan la economía y se contrapongan a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Mauricio Vila Dosal para promover la inversión y el trabajo en el medio rural y urbano.
-Nos están quitando el pan de la mesa, en el centro del Estado –donde se ubica Homún- no hay oportunidades de empleo, y si las hay están mal pagadas, por eso lamentamos la decisión adversa de los jueces contra el bienestar del pueblo- fueron parte de las expresiones de las más de 200 personas que acudieron a la sede del Tribunal para pedir que les mantengan las fuentes de trabajo.
En la sesión del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, la presidenta Julia Ramírez Alvarado y la magistrada Raquel Flores García votaron en contra de la ponencia de Paulino López Millán que determinó que la granja cumple con suficiencia los estándares ambientales requeridos para operar. Todo esto sucedió en 10 minutos, y además como si les corriera prisa se cambió el orden del día para adelantar la sesión.
Eso sólo dilata la operación de la granja Papo en detrimento de cientos de personas que se quedan sin una fuente de empleo, mientras que las magistradas seguirán devengando sus 150 mil pesos mensuales sin pensar en que hoy quitarán el pan de la mesa a casi 200 familias de esa zona del Estado con una decisión minada por las presiones de grupos extremistas y sin sustento.
En este contrasentido donde el Presidente, el Gobernador y los empresarios trabajan para generar fuentes de empleo, algunos magistrados “secuestrados” por grupos como Indignación obstaculizan los esfuerzos para invertir, y es aquí donde cabe la pregunta: ¿Quién debe decidir esas cosas en Yucatán? Es obvio que los yucatecos ya le dieron a una persona ese derecho y que algunos quieren ignorar ese incuestionable mandado popular.