Rollo: Rodrigo Blanco
Los esperados cambios en las delegaciones y representaciones del gobierno federal en Yucatán no se han dado con la misma rapidez con la que se han nombrado los titulares de las dependencias federales.
El coordinador de Programas Integrales de la Federación, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, ofreció en diciembre pasado un plazo de 180 días para revisar la conveniencia de fusionar o desaparecer las oficinas.
Sin embargo, nada de esto se ha informado.
El período de revisión empezó el 30 de noviembre con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó las nuevas secretarías de Bienestar y de Seguridad Ciudadana. También se inició el análisis de la normatividad de cada una de las dependencias federales.
En Yucatán hay 64 representaciones del gobierno federal, incluyendo las Fuerzas Armadas, de las cuales varias están acéfalas tras la renuncia de sus delegados por motivos personales.
Aunque hay representaciones que tienen jurisdicción regional, algunos funcionarios son nombrados por una Junta de Gobierno y hay cargos jerárquicos de nivel gerencial, administradores y delegados que todavía no han sido nombrados o que están en situación irregular.
Para citar dos ejemplos:
En la delegación de la antigua CDI, se designó a Pablo Duarte, pero éste dio marcha atrás y todavía no se define quién se encargará de la aplicación de programas a favor de los indígenas de Yucatán.
En el caso de Infonavit, más de 7,500 acreditados están esperando ser incluidos en el nuevo programa federal “Responsabilidad Compartida” y, a la fecha, esta dependencia no ha definido a los yucatecos cómo se aplicará y cuándo iniciará este beneficio en Yucatán.
A esto se suma el fin del programa de atención a más de 300,000 niños entre uno y cuatro años, para entregar directamente a sus padres el equivalente a 800 pesos mensuales.
Las estancias infantiles se instalaban mediante un apoyo financiero del gobierno federal (70 mil pesos) para realizar las adecuaciones al local donde un grupo de mujeres cuidaban a las y los niños menores, recibiendo 950 pesos mensuales por menor atendido. Tres instituciones federales concurrían para el buen desempeño del programa: Desarrollo Social (hoy del Bienestar), la SEP y el DIF. El gobierno apoyaba y supervisaba, pero eran (o son) las responsables de la estancia quienes proporcionaban los servicios.
Otro programa en riesgo es el Programa de Refugio contra violencia doméstica. Desde hace ya 15 años, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegsr) de la Secretaría de Salud financia estas áreas mediante la transferencia de subsidios a refugios para mujeres víctimas de violencia, junto con sus hij@s. Ellas no pueden siquiera salir a la calle sin correr el riesgo de sufrir agresiones por parte de sus cónyuges o parejas. Incluso, la ubicación de los refugios se mantiene en secreto, precisamente para mantenerlas fuera del alcance de sus perseguidores.
